por José Fortuño 5 de julio de 1998
La huelga del pueblo contra la privatización, que desemboca el próximo martes 7 de julio en una huelga general, ha salido del cauce previsible para cualquier observador o participante. De hecho, la ola expansiva de la militancia obrera y el apoyo popular ha dejado a gran parte de los militantes con las manos llenas de trabajo en las líneas de piquetes y muy poco tiempo y ningún reposo para dedicarle al análisis de lo que está sucediendo. En las líneas que siguen a continuación, tratamos de traer algunos puntos para aportar a un análisis del proceso con la esperanza de que, a la larga, éste cimente una nueva visión de lucha y formas organizativas que aprovechen la experiencia al máximo.
Nunca, en la historia del movimiento obrero puertorriqueño, se habían visto, al menos juntos, los siguientes elementos, característicos del momento actual:
1. Movilización real y masiva de las bases de los sindicatos. En el pasado, las uniones que se unían a otra en un proceso huelgario, lo hacían desde sus cúpulas dirigentes, a través de comunicaciones oficiales y presencia de funcionarios oficiales en las actividades. En este caso, vemos a diario contingentes de todas las uniones moviéndose a piquetear con los telefónicos.
Otras divisiones típicas, empleados públicos versus privados, uniones de una central versus los de otra, conflictos personales, que tan efectivamente han sido explotadas por los patronos en su beneficio, han quedado minimizadas, al menos durante las dos semanas y media que lleva la huelga. La participación de militantes de izquierda, especialmente del Frente Socialista y el Frente Estudiantil universitario, con todo lo encomiable del esfuerzo, ni ha tenido la importancia determinante que el gobierno le adjudica, ni ha sido recibida como negativa por los trabajadores, como la campaña del gobierno busca.
2. Movilización espontánea del apoyo popular. Decimos espontánea porque, por más que quienes están trabajando desde hace tiempo en la campaña contra la privatización hayan hecho importantes esfuerzos, sus claras limitaciones no permiten explicar el volumen y amplitud del apoyo popular al movimiento. Continuamente, por las líneas de piquetes pasan cientos de personas demostrando su apoyo, la gente está ansiosa por ayudar, dando dinero, unos, y acudiendo a las líneas de piquetes con comida, jugos, refrescos, etc., otros.
3. Se ha roto la imagen negativa que, tradicionalmente, y gracias a la gran fuerza del sector patronal, han tenido las huelgas en general, entre el pueblo no unionado. Lo significativo de este endoso popular es que, en su mayoría, se trata de personas que no pertenecen a uniones, gente de todas las edades que ha visto el sentido que, para todo el país, tiene esta huelga. La tasa de sindicalización en Puerto Rico es muy baja, menos del 10% de la fuerza laboral está organizada. En sondeos de opinión pública, cerca de dos terceras partes de la población han declarado oponerse a la venta, y, más importante aún, cerca de la mitad ha manifestado apoyo a la huelga general.
4. La causa de la huelga ha sido rápidamente identificada por amplios sectores del pueblo como una causa general, con los telefónicos como la avanzada, con la consecuencia de que la bandera de Puerto Rico se ha convertido en la enseña de la huelga. Para quien observe esto desde puntos de vista tradicionales, podrá parecer un sin sentido, pero no así para quien entienda la realidad colonial de la sociedad puertorriqueña, donde desplegar dicha bandera era considerado un acto subversivo hasta hace unos pocos años. Los obreros en la única huelga general en nuestra historia, en 1934, cuando la nuestra era una economía agrícola, específicamente cañera, buscaron como portavoz a Pedro Albizu Campos, lider nacionalista, no porque tuviera una orientación obrerista, sino porque enfrentaba al imperialismo norteamericano con verticalidad.
5. El binomio Capital multinacional - Estado ha quedado desenmascarado en este proceso. La política neoliberal de privatización o desgubernamentalización es una política de libertad en lo que se refiere al marco de acción de las grandes empresas. No así para los pueblos. Para éstos lo que les espera es más control, más represión, menos derechos y libertades en la práctica. Habíamos tenido la muestra ya en la campaña de ocupación por la policía y la guardia nacional de las comunidades pobres, particularmente los complejos públicos de vivienda, con la excusa de atacar el narcotráfico. En sus incursiones, las fuerzas del Estado han violado todos los derechos de los residentes de estas comunidades, y establecido un estado de sitio. Pero, sea por la preocupación ciudadana con el problema de la criminalidad y el narcotráfico, o sea por el, hasta ahora, casi incuestionado poder estatal, no ha sido hasta este conflicto que la gente ha comprobado lo que arriba afirmamos.
6. El Estado subestimó el potencial del movimiento contra la privatización. Durante la primera semana, la respuesta del Estado lució completamente desorganizada, tanto en los niveles públicos, como en el enfrentamiento directo en las líneas de piquetes. Aún hoy, en el día 17, el gobierno está perdiendo el conflicto ante la opinión pública. De hecho, el contenido principal de su campaña contra la huelga ha sido la cantaleta de que se trata de un movimiento de subversivos radicales y terroristas, lo que se ha probado que ya no cala entre el pueblo. La gran cantidad de grietas evidenciadas en las murallas de la Fortaleza -divisiones entre los líderes, corrupción evidente en el proceso de la venta, renuencia del gobernador a dar la cara- ha llevado al propio Rosselló a hacer una rara admisión de esta realidad.
Otras áreas del análisis, sin embargo, nos llevan a proponer planteamientos que reflejan, de alguna manera, debilidades del movimiento que, en algunos casos, podrían superarse en un corto plazo, pero que, en otros, requerirán de un proceso de dsicusión y organización al interior del movimiento popular.
1. El enemigo ha sido visto, en gran medida, como una persona, y no como una política mundial en beneficio de las super corporaciones. Cerca de la mitad de las consignas que se escuchan en los piquetes está dirigida a la persona del gobernador Pedro Rosselló. Otras se dirigen al presidente del Banco Popular, Richard Carrión. Esto tiene una ventaja inmediata, pero serias desventajas a largo plazo.
La ventaja es que hace fácil de identificar a un enemigo, fácil de presentarlo al pueblo. Ahora bien, aunque es cierto que Rosselló, como persona y como gobernador, es responsable de las decisiones, en la medida que se focaliza en su persona la lucha, en esa misma medida se deja de lado la política neoliberal que está detrás del proceso de privatización. Una política que persigue dar mano libre a las grandes corporaciones para acaparar todos los sectores de la economía.
Hoy día, en los altos niveles de las corporaciones, se discuten estrategias económicas que conllevarían la eliminación de cualquier protección existente a la industria de cualquier país, en beneficio de las grandes corporaciones. El Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI (o MAI, en inglés), una vez firmado por los países que así lo hagan, crearía un tribunal internacional al cual una corporación extranjera podría ir a reclamar y exigir indemnizaciones si alguna ley o decreto favorece a la industria nacional. Esto puede parecer lejano a algunos, pero es la consecuencia lógica de la política neoliberal y la globalización.
Rosselló no vende la telefónica porque a él le parezca, (o porque en el proceso obtenga una jugosa comisión, algo que todo el mundo sospecha). La vende, y pretende vender todas las empresas públicas, porque ese es el dogma neoliberal, porque eso es lo que exigen los que verdaderamente tienen voz en los asuntos del gobierno.
2. La organización obrera y popular necesita fortalecerse en todos los niveles, para poder enfrentar la embestida del patrono-estado. Podría decirse que el desarrollo del movimiento ha excedido por mucho las capacidades de las organizaciones.
En el plano sindical, las dos uniones que han llevado el peso, las telefónicas, no estaban preparadas económicamente para la huelga. El endoso masivo del pueblo ha compensado esta debilidad. Por otro lado, especialmente en el caso de la UIET, las divisiones en el liderato, y las posiciones ambivalentes de su actual presidente, revelan que los trabajadores tenemos que poner más atención a la necesidad de llevar a esas posiciones a las personas idóneas, en términos de compromiso y dedicación.
El sindicalismo, sin embargo, tiene limitaciones inherentes, que no pueden ser superadas meramente eligiendo líderes comprometidos o fortaleciendo los fondos de huelga. Las leyes que lo rigen, como la nueva Ley de sindicación de empleados públicos, que, dicho sea de paso, entró en vigor hace 5 días sin que apenas nadie lo notase, y, para los empleados de empresas privadas, la infame Ley Taft-Hartley, restringen tanto a las uniones que se hace necesario que los trabajadores cuenten con organizaciones libres, no sujetas a esas leyes. Organizaciones que agrupen a los trabajadores sobre la base de su conciencia, que promuevan esa conciencia entre los demás trabajadores y que influyan en el movimiento sindical legal.
La experiencia de los comités contra la privatización en San Juan, Carolina y otros pueblos puede servir de punto de partida para este asunto entre el movimiento obrero y popular.
3. La posición del movimiento contra la privatización no ha respondido aún a todas las interrogantes que hay entre el pueblo, sobre las que se aprovecha el gobierno para implementar su nefasta política neoliberal. Estas preocupaciones legítimas se refieren a la ineficacia de las empresas públicas, y a la ventaja dudosa de que sea el gobierno el que las maneje. Hasta ahora, al menos públicamente, el movimiento ha negado la ineficacia, al menos en la telefónica, y ha defendido como única alternativa el status quo, la propiedad estatal de la empresa.
El señalamiento de la ineficacia de las empresas públicas no debe ser visto por los trabajadores como un ataque. El problema no surge de abajo hacia arriba, sino viene de arriba. La corrupción, los contratos favorecidos, el exceso de personal gerencial, no son causados por los trabajadores, y son las verdaderas razones del problema. Los trabajadores tenemos que hacer propuestas concretas para enfrentar estos problemas y señalar a los verdaderos responsables, no rehuir el planteamiento.
Por otro lado, el esquema de la empresa estatal no puede ser visto como la única alternativa a la privatización. De hecho, el planteamiento de que no se venda, por que ya es nuestro, carece de fundamento, pues el Estado no es, en realidad, el contrato social que pretende ser. Además, resulta contradictorio a los ojos de un gran sector del pueblo que comienza a ver en el Estado a un ente ajeno y adversario de sus intereses.
Hay, y deben estudiarse, modos de propiedad y administración de empresas, como lo son el cooperativismo y la autogestión, que podrían repesentar un avance cualitativo en un proceso que tenga como finalidad el ejercicio, por parte del pueblo, de su propia voluntad en forma realmente democrática.
Por último, reafirmamos que estos planteamientos tienen como propósito ayudar a que se dé un proceso de discusión al interior del movimiento obrero y popular, que rinda un fruto en cuanto a un nivel de lucha, conciencia y organización superior.
¡Qué viva Huelga General!
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Más información en: Huelga del Pueblo
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