ESCUELA NACIONAL SINDICAL
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Pronunciamiento público
Más de 1,100 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1991. El asesinato del Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Ortega García, es uno más en la larga lista del martirio de los trabajadores organizados de nuestro país. Sin embargo, lo que hace especial este crimen es el largo período de reclamos ante el Estado para la protección de la integridad del compañero Ortega, el hecho de ser el más alto dignatario asesinado desde la fundación de la CUT y su ejecución durante la protesta sindical más fuerte que se efectúa desde 1988.
Las particularidades del asesinato de Jorge Ortega son materia de trabajo de la lenta e ineficiente justicia colombiana y el Gobierno Nacional tiene que colocar todo su empeño para producir actuaciones eficientes que conduzcan al castigo de los criminales.
Sin embargo, so pretexto de conservar las buenas maneras y el tono diplomático de las relaciones públicas no podemos pasar por alto la responsabilidad que le incumbe a este Gobierno y a sectores importantes de la opinión pública en la creación de circunstancias propicias a los ataques contra el sindicalismo.
El Gobierno que encabeza el Presidente Pastrana ha desdeñado la magnitud del genocidio que se está cometiendo contra el sindicalismo colombiano. De hecho, eliminó la Oficina de Derechos Humanos adscrita al Ministerio de Trabajo creada en la anterior administración.
El Gobierno del Presidente Pastrana ha declarado ilegales los paros de trabajadores y les ha dado el carácter de asunto de orden público enfrentando a la Policía Nacional con los huelguistas. Cientos de huelguistas han sido golpeados y detenidos. Con una postura autoritaria y digna de los años más oscuros de sofocamiento gubernamental de las luchas sociales, el Gobierno del Presidente Pastrana ha estigmatizado la lucha sindical colocándola como un factor nocivo para el desarrollo del país.
Esta postura del Gobierno Nacional no ha hecho sino alimentar las actitudes beligerantes de los enemigos públicos o soterrados del sindicalismo. No deja de ser sintomático que durante el Paro Nacional Indefinido las amenazas y los atentados contra los dirigentes sindicales se hayan multiplicado.
Aunque la postura del Gobierno Nacional refleja uno de los puntos de vista más antidemocráticos que existen en el país, no resulta extraña pues el Estado colombiano nunca ha sido diligente en la promoción y cumplimiento de las normas internacionales mínimas relativas a los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga, lo que le confirma en el peor lugar del escenario internacional en cuanto a violaciones de los derechos humanos.
La ESCUELA NACIONAL SINDICAL llama a la opinión pública democrática nacional e internacional a exigir del Gobierno colombiano protección de la integridad de los dirigentes sindicales, respeto del derecho de los trabajadores a la protesta y solución cumplida de las demandas del sindicalismo colombiano. Estos hechos ratifican la necesidad de que empiece a funcionar en el país la Comisión de Encuesta sobre Violación de Derechos Sindicales que aprobó la Organización Internacional del Trabajo en junio pasado.
Medellín, octubre 22 de 1998
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