El presente texto pretende estimular en Europa la discusión en el movimiento sindical y social sobre una serie de objetivos ítimamente vinculados. Se ha debatido y aprobado en sus líneas generales en una reunión celebrada en París el jueves 5 de marzo de 1998. Participaron en la reunión Horst SCHMITTHENNER (Secretario Nacional de la Presidencia de IG Metall), Jörg JUNGMANN (Secr. IG Medien, Wiesbaden), Jean-Christophe CHAUMERON (Federación de Finanzas de la CGT), Anne-Marie APPELMANS (Secr. gen Interregional Bruselas FGTB), Etienne ADAM (CFDT URI, Basse Normandie), Claude DEBONS (Federación Regional de Transportes y Equipamientos - CFDT), Joaquín GARCIA SINDE (CCOO, Fed. metal -Galicia), LLuis PERARNAU (FETE-UGT), Pierre KHALFA (SUD-PTT), Michel ANGOT (Interco 94 CFDT), Gérard BALBASTRE (FGTE-CFDT), Hervé ALEXDANDRE (FGTE-CFDT), Jean-Claude GAGNA (Union Générale Ingénieurs Cadres et Techniciens- CGT), Jean-Marie PIERSOTTE (Secr. nac. Central Nacional de Empleados CSC- Bélgica).
Los responsables sindicales manifiestan su apoyo a a este proceso y participarán en una próxima reunión de trabajo que se celebrará el sábado 30 de mayo de 1998 en París. LOs responsables sindicales españoles así como los de la CGT francesa precisan que, por ser observadores, su firma se hace bajo reserva. LOs apoyos u observaciones a esta iniciativa se dirigirán a la asociación RESSI (Recherche-Société-Syndicalisme) que se encarga de la organización técnica de la reunión del 30 de mayo de 1998
RESSI, 87, rue Villiers de l'Isle-Adam- 75020 Paris - fax: 331 44 62 28 22 - email: Stephen.Bouquin@wanadoo.fr
Este texto parte de la comprobación de dos hechos:
La situación social se sigue degradando en toda la Unión Europea (UE)
La precarización creciente de la vida de los asalariados significa a menudo no saber si se va a poder seguir teniendo para vivir después del 15 de cada mes, debido a los bajos salrios y a los tiempos parciales forzosos, el temor a perder el puesto de trabajo, la angustia ante el porvenir de los hijosetc. 50 millones de pobres y 20 millones de parados: esto provoca también una degradación de las condiciones laborales y prepara el terreno a discursos racistas de las organizaciones de extrema derecha.
Por otra parte, no hay una auténtica discusión sindical europea sobre los objetivos de movilización y las indispensables reformas estructurales
El cierre de Renault- Vilvoorde es un símbolo de la inexistencia de la Europa social. Se han desarrollado varias manifestaciones en 1997 en Amsterdam y Luxemburgo. Si ha dado un salto adelante la conciencia en favvor de una Europa auténticamente social, la Unión Europea no pasa de ser, esencialmente, una zona de libre cambio.
Gracias a la acción de los desempleados de Francia y de Alemania, las cifras del paro y de la precariedad tienen un rostro humano. Puesto que ya no se puede aguantar lo que es inaceptable, se perfila una alianza que unifica al mundo del trabajo alrededor de un objetivo simple y claro: un nuevo pleno empleo y medios para vivir dignamente.
La movilización sigue siendo necesaria. El capítulo "Empleo" del Tratado de Amsterdam da un papel secundario a las exigencias en materia de empleo. El Comité Consultivo de Empleo (artículo 109S) no tiene competencias tan amplias como el Comité Monetario. El nuevo capítulo sobre la política social sigue centrado en una política del mercado de trabajo que respeta los imperativos de la competitividad y privilegia un enfoque neoliberal (empleabilidad, adaptabilidad). Las grandes orientaciones de política económica (pacto de estabilidad) no deben tener en cuenta su impacto sobre el empleo. Lógicamente, la Cumbre de Luxemburgo tampoco ha dado un nuevo sesgo a la construcción europea.
La competencia económica y las políticas de reducción del coste del trabajo repercuten sobre la protección social (baja de las contribuciones patronales, subvenciones para el empleo) mientras que la reestrucutración de esta última restringe el acceso a los drechos y prestaciones sociales. Sin una Europa social, la ampliación de la UE acentuará el diferencial comptetitividad y prolongará el dumping social e incluso fiscal.
En un momento en que le recuperación económica deja en la cuneta a centenares de miles de parados y de trabajadores empobrecidos, resulta evidente que el Euro, por sí mismo, no cambiará nada de esta situación. En los Estados Unidos, la moneda más fuerte del mundo y "la mano invisible del mercado" tampoco aportan el bienestar a un 30% de la población, que vive por debajo del umbral de la pobreza. Esto prueba que la (re)distribución de la riqueza y la justicia social siguen siendo sobre todo cuestiones políticas.
Como sindicalistas, no podemos aceptar el desarrollo de una Europa antisocial que condena a millones de personas a la pobreza y al abandono, una Europa que hace que las vidas de muchas personas esté de sobra, que encierra a la mujer en el tiempo parcial y el hogar, bloqueando así una auténtica igualdad de hombres y mujeres; una Europa que permite el desarrollo de la segmentación social. Esta situación es tanto más insoportable en la medida en que están dadas las condiciones de una recuperación de la economía para la que un aumento de los ingresos y la creación masiva de puestos de trabajo sería un impulso indiscutible.
Si existe la posibilidad de realizar avances a escala de un Estado miembro de la UE, la integración Europea impone, por su propio desarrollo, que dichos avances también se extiendan a otros países. Por ello, los primeros pasos de las políticas de empleo europeas nos parecen inquietantes, pues ni las prácticas de formación obligatorias, ni la flexibilización del mercado laboral ni el condicionamiento del acceso a la protección social a través de programas de inserción laboral (workfare) resolverán el agudo problema que representa el paro. Más bien al contrario.
Pensamos por ello que los sindicalistas europeos debemos debatir sobre los medios para lograr antes del paso al Euro:
Para que esta reorientación social de la UE se mantenga en el futuro, deseamos también reformas institucionales. Las normas de funcionamiento del Consejo de Ministros y de la Comisión deben alejarse de la diplomacia secreta y someterse al debate y a las tomas de posición democráticas. Ello supone, en particular en las decisiones de los Consejos en materia fiscal y social, que se sustituya la regla de la unanimidad por la de la mayoría cualificada, que el Banco Europeo esté sometido a un control democrático y el Parlamento Europeo tenga auténtico poder legislativo y se adopte una carta constituyente sometida a la aprobación de los pueblos.
Nos negamos a que el mantenimiento del paro sea el precio a pagar por el Euro. La moneda única no puede inlcuir el aumento del paro y el retroceso democrático. Pensamos por ello que estas medidas sociales urgentes deben adoptarse antes del paso al Euro y de una posible ampliación de la UE cuyas etapas y condiciones exigen también sin duda un fortalecimiento de las instituciones democráticas europeas. Puesto que las decisiones esenciales en materia de construcción europea tienen sin lugar a dudas carácter intergubernamental, nuestra acción en favor de estas exigencias debe ser la de interpelar a los gobiernos nacionales de los Estados miembros por separado o reunidos en directorio en las cumbres europeas.